Un nuevo contrato social

La crisis ecológica y el aumento de las desigualdades sociales son retos de largo alcance que requieren una perspectiva de largo plazo y cambios estructurales en nuestra economía y en nuestras instituciones. Una movilización del tamaño y la escala que requiere esta Nueva Transición Verde representa una oportunidad sin precedentes para generar riqueza, prosperidad y seguridad para el conjunto de la sociedad. Pero supone también la participación del conjunto de las y los ciudadanos en esa transición, implica replantearnos como vivimos y como convivimos.

Es necesario pensar más allá de ganar la próxima legislatura para ganar la próxima década, para legarle a las próximas generaciones un país mejor del que hemos recibido. Por eso es necesario que, más allá de la mirada corta de la actualidad política, seamos capaces de generar nuevos consensos. Es necesario un gran acuerdo de la sociedad consigo misma para establecer unos criterios mínimos que guíen la labor de gobierno aunque lo presida uno u otro partido. Es por tanto imprescindible combinar una enorme determinación con la capacidad de llegar acuerdos transversales que impliquen al conjunto de agentes políticos, económicos y sociales.

Para ello es necesario contar con un mandato democrático y con un ordenamiento jurídico que, según nuestro modelo de autogobierno, requieren la inclusión de las metas de la Nueva Transición Verde en nuestro Estatuto de Autonomía. Un Estatuto que integre el blindaje de los derechos sociales como la educación, la sanidad, los cuidados, la vivienda o el empleo en condiciones dignas. Es necesario integrar el respeto a la igualdad entre mujeres y hombres en todos los aspectos o el derecho a una sexualidad libre y el respeto de las personas LGTBI. Y por último, también la vertebración de nuestro territorio, el derecho a la movilidad y el conjunto de derechos asociados al medio ambiente como el de una agua y un aire limpios, o el acceso a nuestro entorno natural.